Inteligencia UAS para vigilancia y seguridad privada | Colombia y Latinoamérica

La Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) ha intensificado sus inspecciones operacionales a empresas de seguridad privada que utilizan UAS en misiones de vigilancia perimetral, escoltas aéreas y monitoreo de infraestructura crítica. Desde la entrada en vigor de la Circular Conjunta No. 001 de 2025, operar sin registro vigente, sin plan de vuelo aprobado o sin licencia de funcionamiento vigente emitida por la SVSP, ya no es una infracción menor: puede derivar en suspensión de operaciones, multas y, en casos reiterativos, en la cancelación del permiso de operación UAS de la empresa. La realidad en campo es que muchas compañías de vigilancia siguen volando con documentación desactualizada o con drones no homologados para uso comercial, exponiéndose a sanciones que pueden paralizar contratos enteros.

El marco normativo colombiano exige, como mínimo operacional, que toda aeronave no tripulada con peso superior a 200 gramos utilizada en actividades comerciales esté inscrita en el Registro Único de Aeronaves (RUA), que el piloto remoto cuente con su Certificado de Idoneidad de Piloto UAS vigente expedido o reconocido por la Aerocivil, y que cada misión cuente con un seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros. Para operaciones en zonas urbanas, áreas restringidas o cerca de instalaciones de infraestructura crítica —refinerías, subestaciones eléctricas, puertos, centros penitenciarios— se requiere además autorización de espacio aéreo con al menos 72 horas de anticipación mediante la Plataforma UAS Colombia, el sistema de gestión UTM que la Aerocivil viene consolidando. Los directores de operaciones deben entender que estos requisitos no son opcionales: son la línea que separa una operación legal de una que puede costarle el contrato a la empresa.

En el resto de Latinoamérica el panorama es igualmente dinámico. Chile actualizó su normativa UAS a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con la Resolución Exenta N.° 1208, que establece categorías de riesgo operacional similares al modelo EASA europeo: operaciones abiertas, específicas y certificadas. México, a través de la AFAC, ha reforzado los requisitos de geofencing para drones que operen en zonas metropolitanas. Brasil, el mercado UAS más grande de la región, mantiene su esquema regulatorio de la ANAC con registro obligatorio de aeronaves desde los 250 gramos. El denominador común en toda la región es una tendencia hacia mayor trazabilidad digital de cada vuelo, integración con sistemas UTM nacionales y responsabilidad directa del operador —no solo del piloto— ante cualquier incidente.

Para los directores de operaciones la recomendación es concreta: auditen hoy mismo el estado de la documentación de cada plataforma UAS en su inventario y de cada piloto en nómina. Verifiquen fechas de vencimiento de certificados, vigencia de seguros, y si sus procedimientos internos contemplan el llenado correcto de planes de vuelo para cada tipo de misión. Establezcan un calendario trimestral de revisión regulatoria dado el ritmo de actualización normativa en la región. Ignorar este proceso administrativo es el error más costoso —y más evitable— que puede cometer una empresa de seguridad privada que opera con UAS en Colombia o en cualquier país de Latinoamérica en 2026.